De acuerdo a lo que surge del expediente, el espacio libertario incumplió con la obligación legal de rendir cuentas sobre el origen y destino de los recursos utilizados durante la campaña, tal como exige la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos 26.215.

En este contexto, la Justicia intimó a los apoderados del partido —Laura Romina Peralta Marcoré, David Moulin y José María Oderda— a presentar la documentación en un plazo máximo de 15 días, bajo advertencia de perder de manera definitiva el acceso a fondos públicos.

La resolución ya fue notificada a la Dirección Nacional Electoral y a la Cámara Nacional Electoral, y generó un fuerte impacto político en la provincia, reavivando cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos dentro del espacio libertario.

En medio de la controversia, Virginia Gallardo reaccionó con enojo y buscó desligarse del conflicto: “No sé qué es esta campaña sucia nuevamente. Yo no manejo fondos, no me quedé con nada. Mi campaña fue de las más austeras. Que se investigue y dejen de querer perjudicarme con cosas falsas”, afirmó. Sin embargo, sus declaraciones no lograron disipar las sospechas que ahora rodean al entorno político en el que participa.