Indignación por rechazo a la remoción del fiscal Lezcano tras denuncia de coacciones y abuso de autoridad
Un hombre que vive en la ciudad correntina de Santa Rosa continúa con reclamos contra la Justicia de esa provincia por las irregularidades manifestadas de manera sistemática y ahora fue notificado de la negativa de la recusación del fiscal, por lo que se encuentra indignado.
El denunciante es Omar Augusto Enrique, nacido en la localidad bonaerense de San Miguel, pero quien vive en Corrientes desde 1994.
Hoy se cumplen 5 meses de la desaparicion de Loan Danilo Peña.
— Silvia A.Casarrubia 💜💚💜 (@Casarrubia) November 13, 2024
Esto 👇q expongo exhibe como desde el inicio se hizo todo mal, y a esta altura creo q fue adrede.
El operativo trucho de busqueda.
La no detencion de todos.
Pellegrini/Codazzi/Laudelina/Roubineau.
El twit de Valdes pic.twitter.com/UtkwYkIP6T
Enrique sufre a la justicia de Santa Rosa donde el fiscal Carlos Daniel Lezcano, uno de los funcionarios judiciales a cargo de encontrar a Loan Peña, el nene de 5 años desaparecido hace meses en la localidad de 9 de Julio, viola sistemática las garantías constitucionales.
El denunciante se presentó ante el máximo tribunal de Corrientes para denunciar a Lezcano por coacciones y abuso de autoridad, por su desempeño en una causa por una presunto robo, usurpación y amenazas radicado por familiares de Enrique en el marco por la disputa por una herencia.
Ante el pedido de remoción, desde la Fiscalía General de Corrientes notificaron a Enrique que rechazaron su pedido.
Enrique, en diálogo con NOVA, explicó que “el fiscal Lezcano nunca me dejó defender. Dejó que mis hermanas y sus familias usaran a la fiscalía y al poder judicial de Corrientes para vengarse porque no les firmé un documento por los bienes que dejó mi padre, al fallecer”.
“Le hice dos denuncias por mal desempeño al fiscal de Santa Rosa, Corrientes, y además, la segunda también por los delitos de coacciones y abuso de autoridad ante el superior tribunal de justicia provincial”, agregó el hombre.
El fiscal general de Corrientes, César Sotelo, en sus fundamentos citó una presunta llamada extorsiva de Enrique, algo que el denunciante rechaza de plano.
La situación comenzó a raíz de un conflicto familiar que tiene Enrique con sus dos hermanas que hace mucho tiempo se fueron de Corrientes. Sus padres, él y sus dos hermanas son oriundos de San Miguel. El hombre quedó al cuidado de su padre y de su madre, hasta que el hombre falleció. En ese momento se desató el calvario, según lo expuesto por Omar.
El denunciante contó que el problema de sus hermanas es la herencia del padre. Las mujeres, una en Buenos Aires y la otra en Córdoba, querían que Omar firme un acuerdo con ellas para excluir a su madre de la herencia. Omar se negó rotundamente y allí las hermanas, sus maridos y hasta los hijos de estas iniciaron una campaña de desprestigio y ataques para con el hombre.
La situación escaló tanto que una de las hermanas de Omar lo denunció (falsamente en dichos del hombre) por amenazas y la causa recayó en el fiscal Carlos Lezcano de Santa Rosa, en el interior provincial.
Enrique afirma que tanto el fiscal como sus hermanas le hicieron la vida imposible desde días previos a la muerte de su padre. “No me dejaron hacer el duelo siquiera”, agregó el hombre.
“En esa causa fui víctima de una terrible persecución por parte del fiscal Lezcano de Santa Rosa, que actuó y sigue actuando hasta el día de hoy en las otras causas como las de robo calificado y usurpación en favor de mis hermanas, que usaron a la Fiscalía y al Poder Judicial para llevar a cabo una venganza personal en contra mía y de mi mamá, a través de denuncias falsas, una por amenazas, otra por abandono de persona, calumnias, y un juicio para restringirle la capacidad a mi mamá con motivos espurios”, sostuvo Enrique.
Asimismo, Enrique recordó que cuando intento denunciar a sus hermanas la policía y la Justicia nunca lo dejaron.
“El Poder Judicial de Corrientes tiene que ser intervenido por el Gobierno Nacional, hay muchos fiscales y jueces en lugares como Santa Rosa donde se violan sistemáticamente las garantías constitucionales y cometen mal desempeño y delitos”, sentenció.
Respecto al rechazo de la remoción, Enrique sostuvo: “Antes que nada quiero aclarar que esto no se trata de ningún problema ni cuestión personal con el Fiscal General Sotelo, sino que simplemente cada uno defiende sus derechos e intereses, y estoy defendiendo los derechos como víctimas que tenemos yo y mi mamá, que además es una persona que debería tener un especial trato por parte de la Fiscalía General y de la Justicia de Corrientes por ser una persona vulnerable, por su especial condición por la edad que tiene y por padecer deterioro cognitvo, especial trato, protección y cuidado que establece La Ley Nacional de Víctimas incluido y reconocido por el Código Procesal Penal de Corrientes”.
“Pero yo en ningún momento dije que la llamada era extorsiva como dice el Sr. fiscal general en su rechazo al pedido de recusación, lo que yo dije en mi denuncia por mal desempeño y por los delitos de coacciones y abuso de autoridad al fiscal Lezcano ante el Superior Tribunal de Justicia fue que otra de las muchas cosas graves y preocupantes que vengo a denunciar por primera vez en este escrito, sucedió en abril del 2023, cuando el fiscal Lezcano me llama desde su teléfono personal, y soy coaccionado a que acceda a una conciliación, delito de coacciones artículo 149 bis segundo párrafo del Código Penal, sin permitirme acceder al expediente y poder defenderme de los hechos que se me atribuían”, agregó Enrique.
Y luego prosiguió: “En ese llamado el fiscal Lezcano me dice que voy a tener que ir o acceder a la conciliación porque va ser la única forma que me saque de encima este expediente, también me dice que sino después ya voy a ser conducido con la fuerza pública y que va utilizar otros medios de conversación conmigo”.
Enrique indicó también: “Sigue faltando a la verdad el fiscal general Sotelo cuando dice que el 01/03/2024 también fui notificado del archivo del LIF 47371/23, porque aún en el caso que me hubieran llamado por teléfono ese día eso no prueba que fui notificado del archivo de los expedientes, pero en este caso ni siquiera hay condición necesaria para evaluar la presunción de veracidad porque el día 01/03/2024 ni siquiera me llamó el fiscal Lezcano ni nadie de la fiscalía, como lo prueba mi registro de llamadas de ese día donde se corrobora fácilmente que ni siquiera me llamaron.
Resulta muy sospechoso, llamativo y sorprendente que todas las demás notificaciones las hacían por mensajes de whatsapp en su gran mayoría y a veces por mail, y que al momento de notificar algo tan importante como el archivo de un expediente supuestamente lo hicieron de manera teléfónica, es decir de una forma que no es una notificación fehaciente como es llamar por teléfono, puesto que la llamada por sí sola no prueba que es lo que se notificó, solo prueba que existió la llamada, pero en este caso ni siquiera existieron esas llamadas el día 01/03/2024 a mi teléfono”.