Días atrás las autoridades de la Facultad de Arquitectura y docentes de la Carrera de Licenciatura en Diseño Industrial explicaron que, si bien la carrera mantiene muy buenos resultados pedagógicos y con impacto en el desarrollo productivo de la región, el retraso en el financiamiento de los cargos está afectando las perspectivas futuras de la Carrera. En ese sentido, se había decidido iniciar una serie de medidas para visibilizar esta problemática en la sociedad y encontrar una solución.

Por su parte, el rector de la UNNE Omar Larroza, hizo referencia al veto de la ley de financiamiento universitario y afirmó que "era casi un anuncio cantado de lo que iba a ser el gobierno y claramente marca una estrategia de lo que venimos conversando. Acá quizás el discurso del extractor termina siendo el presupuesto, pero detrás de todo esto va a haber una discusión del modelo. Y fundamentalmente una metodología del gobierno que intenta desacreditar absolutamente los actores, todos los actores, la universidad, los periodistas. Así que verdaderamente es preocupante el escenario ante estas circunstancias", reflexionó el rector de la UNNE.

"Los diputados son egresados de las universidades, les va a ser difícil votar en contra”. "Una de las intencionalidades de la marcha era justamente demostrarles a los legisladores que también tienen representación a lo largo y a lo ancho del país de que es una necesidad de que atiendan los reclamos territoriales también. Y que en definitiva la existencia de la ley es un procedimiento inmediato que lo teníamos administrando”, sostuvo Larroza en declaraciones radiales, tras la multitudinaria marcha que convoco a universitarios de toda la región del Nea en Corrientes, en defensa de la universidad pública, laica y gratuita.

Es de consignar que en la actualidad las universidades, incluida la UNNE, están operando con el presupuesto prorrogado de 2023 y realizan esfuerzos para mantenerse funcionales hasta finales de 2024. La discusión actual se centra en dos temas principales: la ley de financiamiento universitario -aprobado por el Congreso y que el presidente Javier Milei veto esta semana- y el Presupuesto 2025 propuesto por el Ejecutivo.

La ley de financiamiento universitario busca ajustar los presupuestos de las universidades en 2024 de acuerdo a la inflación, comenzando con la variación del índice de precios al consumidor (IPC) de 2023 y actualizaciones bimestrales posteriores. Así propone una recomposición salarial para docentes y nodocentes en línea con la inflación, y de manera complementaria a las paritarias.

Con respecto al Presupuesto, el Gobierno planea asignar para el próximo año 3,8 billones de pesos a las universidades, significativamente menos que los 7,2 billones de pesos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) a partir de las mediciones recabadas de las instituciones.

A esto se le suma el reclamo salarial de los trabajadores universitarios. Si bien, a partir del masivo reclamo en las calles del 23 de abril, el Gobierno se vio forzado a actualizar los montos de funcionamiento de las universidades, no así con el salario de docentes y no docentes que, en la mayoría de los casos, quedaron por debajo de la línea de la pobreza.

Es de mencionar que, desde la asunción del actual gobierno nacional, los trabajadores universitarios perdieron un 50 por ciento de su poder adquisitivo debido a la inflación. Además, la eliminación del fondo de garantía salarial los dejó con sueldos básicos, según detalló el rector de la UNNE, Omar Larroza.

Por otra parte, en las universidades nacionales comienza a advertirse un problema relacionado a la "fuga de docentes" hacia el sector privado o fuera del país, en busca de mejores salarios, así como la emigración de investigadores ante la falta de oportunidades. Esta situación está desmantelando el sistema científico y tecnológico universitario.