Durante la sesión, la diputada Lucía Centurión, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales señaló, entre otros conceptos, que se da respuesta así a una demanda social, otorgando a los operadores de justicia, una nueva herramienta. Aclaró que en nada afecta al principio de "inocencia".

En el mismo sentido se refirieron otros diputados, reiterando el concepto de "clamor social" ante la denominada "puerta giratoria" (en referencia a delincuentes que entran y salen de las comisarías). "Es una medida de seguridad", remarcó la diputada Albana Rotela.

"Es una herramienta más que va a tener el fiscal al momento de la audiencia que va a tener con el juez… Otra cuestión positiva también que tiene es que la víctima o las víctimas van a confiar más en el sistema porque van a saber que el delincuente que les entró a robar o que cometió el delito de los cuales fueron víctimas, está guardado y esperando. Quiero aclarar, que también incluso se piensa hasta en quién comete el hecho delictivo, porque va a tener una condena lo más antes posible; porque va a estar en prisión preventiva. Entonces su condena va a ser expedita", acotó Rotela.

Desde la oposición se habló de "parche a una realidad social" que debe atenderse. "Falta empleo" dijo la diputada Marlen Gaúna durante el debate.

El diputado Norberto Ast desde la bancada de la UCR recordó que la nueva ley tiene la participación de los tres poderes del estado, destacando la labor realizada en el Senado.

En lo técnico parlamentario, el expediente originariamente constaba de cuatro artículos, los que siendo analizados en el Senado con funcionarios judiciales, quedaron en 2, con algunas modificaciones, avaladas por la cámara baja. En ese marco, el artículo 229 establece un término de 72 horas para resolver la situación del detenido.