La causa estaba en manos de la Justicia Federal, y la mujer declaró, entre gallos y medianoche, ante un fiscal de la Provincial en la capital correntina, la noche del viernes último. Mientras continúan las indagatorias y hay varios detenidos por el caso, la hipótesis de trata de personas sigue sonando fuerte en la causa.

La trata de personas en la provincia, es moneda corriente. Tanto es así que en el año 2016, salió a la luz una minuciosa investigación de cinco años que puso al descubierto la modalidad con la que operaba una organización criminal que manejaba varios prostíbulos en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, y un hotel dedicado a la explotación de mujeres víctimas de trata de personas.

En ese entonces, se denunció y se corroboró en la investigación que los dueños y administradores de estos prostíbulos cuentan con protección de funcionarios públicos de la zona, en particular del único fiscal federal con competencia territorial en la ciudad para investigar delitos federales y crimen organizado, Benito Pont, según publicó el diario El Litoral en una nota del año 2016.

De acuerdo a la pesquisa, que se realizó durante cinco años, el fiscal federal que tuvo que investigar estos lugares a lo largo de los años, siempre “sin éxito”, al parecer sería amigo y socio comercial del dueño y administrador del hotel referido y cuñado de otro imputado que también estaría vinculado a la titularidad de este lugar.

Según la publicación, todo comenzó a raíz de una denuncia realizada a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Se inició una investigación a efectos de corroborar los extremos de la misma que daba cuenta de que en la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, existiría una organización destinada a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la explotación económica de la prostitución ajena de un número indeterminado de mujeres, y que la fiscalía estaría en connivencia con los dueños de los prostíbulos.

A raíz de ello en el marco de la causa expediente FCT 7.789/2015/1 del registro del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Secretaría de Derechos Humanos, se ha logrado verificar e identificar a las personas que formaban parte de una organización criminal destinada a la captación, traslado y acogimiento de un número indeterminado de mujeres con fines de explotación sexual -al menos quince mujeres- en los locales denominados “Roxi” o “Puro movimiento”, “Hotel Momentos” y “Balizas” o “Dancing”, ubicados en la Ruta 117 de la localidad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, al menos desde el 12 de febrero de 2011 hasta el 10 de enero del corriente año en los casos de “Roxi” y “Balizas”, y hasta el 27 de marzo del 2016 en el caso del “Hotel Momentos”.

Según surge de la pesquisa, para procurar tal cometido, quienes lideraban esta organización pusieron en funcionamiento dos whiskerías (“Roxi” o “Puro Movimiento” y “Baliza” o “Dancing”) en las que se ofrecían y realizaban los servicios sexuales de las mujeres prostituidas, y un hotel (Momentos) en el que también se concretaban estos servicios y en el que además se alojaba a las víctimas previamente captadas y trasladadas para su posterior explotación, conformando así un único sistema prostibulario.

El fiscal federal intervino en al menos tres causas que involucraron a los locales “Puro Movimiento”, “Momentos” y “Balizas” como objeto de la pesquisa. Sin embargo, y a sabiendas de que en uno de esos inmuebles (“Hotel Momentos”) fue adquirido por su cuñado José Viero y era explotado en los papeles por Clelia Espada (esposa de Ricardo Aguirre y ex socia del fiscal federal Benito Pont, en una sociedad del año 1989), no se excusó de intervenir en las causas aludidas.

Es más, se les daba trámite, pasaba el tiempo y concluía en la declaración de incompetencia de la causa, aduciendo que sólo se estarían cometiendo delitos de explotación sexual. Causas que pasaban a la jurisdicción provincial y de las cuales se está averiguando su suerte.

Ante esto, Carlos Adolfo Schaefer, en ese entonces (2016) fiscal general de Corrientes, y Marcelo Colombo, fiscal general a cargo de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), han decidido acusar al doctor Benito Pont por los delitos de prevaricato y abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Mientras tanto, en la provincia de Corrientes a 18 días de la desaparición de Loan, se multiplican las marchas y movilización de vecinos clamando por la aparición del pequeño Loan con vida. Imploran justicia por el menor que fue despojado de los brazos de su familia de manera misteriosa, en medio del campo, sin dejar rastro alguno.