La cartera informó que "el Poder Ejecutivo determinó que los CAJ acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones" y aseguraron que el gasto de funcionamiento "le costaban a los argentinos más de 8mil millones de pesos por año".

En esa línea, las autoridades ministeriales cuestionaron la utilización de fondos para tal fin y expresaron que "en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este Gobierno cuida el dinero de los contribuyentes".

Desde la Asociación de Empleados del Estado (ATE) advirtieron que la medida implica 400 despidos. Explicaron que los CAJ están integrados por equipos interdisciplinarios de abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales, mediadores comunitarios y personal administrativo, que se encargan de realizar un abordaje Integrales de las problemáticas jurídico-psicosociales para garantizar una escucha transversal e interdisciplinaria. Habitualmente, en cada caso que asisten hay uno o más derechos insatisfechos.

En la actualidad hay 105 CAJ en todo el país. Están ubicados en todas las provincias, principalmente en barrios vulnerables, de alta densidad poblacional dado que tienen por objetivo garantizar el acceso al derecho. Sin embargo, una vez consumado el cierre de las 81 dependencias, quedarán apenas 24 a nivel nacional, es decir, una proporción de uno por provincia.

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