En pleno proceso de normalización el Partido Justicialista en Corrientes, esta semana fue suspendido en su cargo el intendente de Mercedes, Diego “Tape” Caram, unos de los jefes comunales del interior con peso dentro peronismo provincial.
Esto devino en cumplimiento de la orden judicial tras ser condenado a 7 años y medio de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Fallo que se dio a conocer hace 15 días. Ahora el oficio desembarcó en el Concejo Deliberante mercedeño y los ediles votaron y por unanimidad decidieron suspenderlo.
Es por ello que la Municipalidad de Mercedes quedará en manos de la viceintendente, Juana Gauto, quien (según se pudo saber) tomara varias medidas, entre ellas daría de baja a los “ñoquis santaluceños”, que el ex intendente de Santa Lucia, José Sananez (PJ) le habría plantado en el municipio mercedeño.
Entre tantas imputaciones, Caram habría sido declarado culpable de haber armado una falsa lista de beneficiarios de planes sociales para quedarse con el dinero.
El pasado 8 de mayo, el Tribunal Oral Penal de Mercedes dio a conocer los montos punitivos del juicio en el que Diego Caram, junto a otros seis funcionarios municipales, fue juzgado por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y falsificación de documentos públicos agravada en concurso real”. Además, dos de estos funcionarios fueron juzgados por la sustracción de documentos públicos agravada en concurso real.
Es así que, mediante la Sentencia 12/24, también se condenó a Pedro Brun a 5 años y 6 meses de prisión e inhabilitación perpetua. A Claudio Deimundo a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua.
A Gabriela Gómez a 3 años en suspenso e inhabilitación perpetua.
A García Fariña a 2 años y 6 meses en suspenso e inhabilitación perpetua y a Cecilia Casco a 2 en suspenso.
Además, dispuso la inmediata remisión de esta sentencia al Concejo Deliberante a fin de que proceda a destituir de su cargo al intendente y dispuso la inhibición de bienes de Caram, Brun y Deimundo para garantizar embargo preventivo y solidario de 40 millones con 50 por ciento de intereses.
Escandalo libertario
Otro de los escenarios políticos en crisis es el de la Libertad Avanza (LLA) en la provincia. En Corrientes se desato un escándalo judicial esta semana, en la tramitación del “sello” del Partido del presidente Javier Milei.
Es que Laura Marcoré, esposa del diputado nacional Lisandro Almirón (LLA), fue impugnada y se solicitó investigación por la posible comisión de delitos de orden público.
Marcoré es una de los cuatro interesados en obtener la titularidad del Partido político que sería el instrumento electoral exclusivo en el 2025 para respaldar al Presidente de la Nación Javier Milei.
Cuestionamientos radicales
La Unión Cívica Radical correntina continúa con los focos de conflicto entre sus referentes. El presidente de la Unión Cívica Radical de Corrientes, ex gobernador y actual legislador provincial, Ricardo Colombi, presentó un recurso para que la Convención le presente informes de lo realizado el pasado 29 de abril, cuestionó las atribuciones de la Convención y alertó que acudirá a la Justicia.
El ex gobernador intimó, mediante una carta documento, a las autoridades de la Convención, para que informe sobre lo decidido en la última reunión de ese cuerpo orgánico de la fuerza.
De cara a las elecciones provinciales del 2025, en donde se vuelve a elegir gobernador, El escenario político partidario correntino hace mella en todos los frentes.
