El funcionario provincial, al ser consultado, declaró a la prensa este viernes en la entrega de notebooks que realizó el gobernador Gustavo Valdés a alumnos de establecimientos secundarios en la ciudad de Goya, que muchas obras de infraestructura escolar en la Provincia han sido paralizadas debido a la falta de pagos por parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Estas obras incluyen jardines infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias y escuelas técnicas. Y advirtió que hay alrededor de 2 mil personas trabajando en estas obras que podrían verse afectadas en cuanto a suspensiones o despidos prematuros.

“La obra pública nacional, sobre todo la obra que depende del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, prácticamente ya este año dejaron de pagar los certificados, lo que fue llevando a una ralentización, o sea, a espaciar un poco más el avance de obra”, aseguró el Subsecretario.

Asimismo, resaltó que “con las nuevas directivas que tenemos de Nación, donde aparentemente la voluntad es no pagar más la obra pública, se están paralizando todas las obras, las que no estaban paralizadas, se están paralizando ahora”, y agregó que en “en el caso de Educación, específicamente tenemos 59 obras en ejecución, que en diferentes grados de avance, que vamos a tener que paralizar a partir del día de la fecha, primero de diciembre, a la espera de definiciones de cómo se van a hacer los pagos de Nación”.

En este contexto, Breard sostuvo que las obras que se están paralizando son jardines “infantiles, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas técnicas”, y amplió que “tenemos cuatro escuelas técnicas con las que firmamos un contrato en septiembre (que dependen del Ministerio de Obras Públicas), y a la fecha no hemos recibido ni siquiera los anticipos financieros, con lo cual se complica mucho la continuidad de estas obras, aún con el contrato firmado porque hay que aclarar que estamos hablando no solo de las obras que están programadas, sino de las obras que están en ejecución”.

“Todo esto implica un importante compromiso por parte de Nación hacia Corrientes en cuanto a deuda que no está cancelada, que son aproximadamente 15.400 millones a noviembre de este año, y que eso, mensualmente, va teniendo un incremento de aproximadamente 10 por la inflación que todos padecemos”, subrayó el referente de Infraestructura Escolar.

“Así que es una situación muy delicada, son muchas cantidades de obras, es mucho monto de dinero, la provincia no se puede hacer cargo de eso, tampoco se puede administrativamente, y son casi 2.000 personas que están trabajando en toda la provincia a través de las empresas privadas”, puso de relieve Breard.

Con lo que respecta al porcentaje de avance de la mayoría de estas obras financiadas por Nación, Breard resaltó que "tenemos toda la gama, por ejemplo, obras que están en más del 90 por ciento, y obras que todavía no se iniciaron, que las realizamos al inicio de obra, y la mayoría están en más de la mitad”, y agregó que “algunas estamos arrancando, pero bueno, hay que sentarse a conversar con las nuevas autoridades, cuando se decidan las jurisdicciones, cuando se decidan quiénes van a ser los responsables, y creemos que con buen sentido común, con ganas de hacer las cosas, se puede hacer un ajuste razonable, pagando las deudas que a la fecha se tienen con la provincia y con las empresas”.

Por último, Breard sobre las expectativas que tiene la Provincia sobre la relación que espera mantener con Nación en cuanto a Obras indicó que “en este momento solamente queremos que cumplan los contratos que están vigentes, la provincia está saneada administrativamente, con lo cual las obras provinciales siguen su curso”.

Asimismo, puntualizó el subsecretario de Infraestructura Escolar que “el problema es que tenemos una gran cantidad de obras financiadas con Nación, aunque sea parcialmente, que no están siendo respetados los pagos de Nación hoy, y la voluntad del nuevo gobierno Nacional es la de cortar”, y para finalizar advirtió que “nosotros queremos avisar es que eso implica un derecho de la otra parte, que sería la empresa o la provincia, de accionar judicialmente contra Nación si fuera así”.