Payes también solicitó a las autoridades municipales que tomen medidas sancionatorias contra las empresas de autobuses para que compensen a los usuarios afectados por la suspensión del servicio. En una nota enviada, justificó su pedido de compensación en base a la normativa vigente, que establece una serie de medidas ante el incumplimiento de los servicios públicos.

En este contexto, destacó que "más de 120.000 vecinos utilizan diariamente el servicio de autobuses, dependiendo del transporte público para trabajar, estudiar, ir al médico y llevar a cabo su vida normal. La falta de un servicio de emergencia les causa un daño grave, ya que afecta incluso su economía, al tener que pagar por un servicio privado para desplazarse".

"Sería justo que, al menos durante dos días, las líneas de autobuses brinden un servicio gratuito como una forma de reparar los perjuicios causados a los usuarios durante los días en los que no hubo transporte público", afirmó Payes.

El pedido de compensación se basa en el artículo 92 de la Ordenanza 6.283, que aprueba la licitación pública para la concesión del sistema de transporte urbano. Dicho artículo establece que, en caso de incumplimiento por parte del concesionario, se aplicarán las disposiciones y sanciones correspondientes, y que en ningún caso será exento de sanciones cuando la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones se deba a causas fortuitas. Sin embargo, una huelga de conductores no es considerada una causa fortuita ni de fuerza mayor.

Ante esto, la Defensoría de los Vecinos solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que inicie el procedimiento administrativo para evaluar las causales de aplicación de sanciones establecidas en la Ordenanza 6.283.