Paso de los Libres: el reclamo desoído de una penitenciaria que sufrió violencia de género, acoso sexual y laboral
Una suboficial del Servicio Penitenciario de Corrientes denunció una serie de graves irregularidades que demuestran el grado de maltrato hacia las mujeres en ese organismo.
La agente llegó a pedir la baja y luego de dejar de cobrar, figura como activa por lo que no puede acceder a otro trabajo formal ni a ayudas sociales para sus dos hijas menores de edad.
Se trata de la Cabo Primero Gabriela Soledad Román, de 28 años, quien había ingresado al Servicio Penitenciario de Corrientes en 2018, en la Unidad Carcelaria 11 de Pasos de los Libres.
Román llevó adelante su labor sin inconvenientes ni sanciones hasta que en octubre de 2021 sufrió violencia de género por parte de su pareja, un agente penitenciario.
La mujer radicó la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer y el Menor, y desde entonces comenzó a padecer acoso laboral. En dialogo con NOVA, Gabriela contó que “el director de la cárcel, Javier Pérez, se quiso aprovechar de mi vulnerabilidad e intentó seducirme. Me decía que me quería proteger. Rechacé cualquier aproximación y producto de eso me trasladaron a otro sector del Penal con sobrecargas horarias”.
El acoso laboral no fue denunciado por Gabriela por temor a perder el trabajo y quedarse sin ingresos para mantener a sus dos hijas.
En enero de 2022 el director de la cárcel fue destituido por una denuncia por abuso sexual de una víctima que vivía en Corrientes capital, explicó Gabriela.
El cambio de director fue aún peor para la carrera penitenciaria de Román. El flamante jefe penitenciario la trasladó a la Unidad Penal 8, ubicada en la localidad de Goya, a unos 200 kilómetros de Pasos de los Libres.
Gabriela se convirtió así en la primera suboficial trasladada a una cárcel de otra localidad desde Paso de los Libres. De todas maneras, acató la orden y trabajó en su nuevo destino hasta que pudo.
“En junio del año pasado ya no pude seguir trabajando a pesar de mis deseos. Presenté el pedido de baja. Quería encontrar otro trabajo, pero aunque desde septiembre dejé de cobrar el salario, sigo figurando activa y eso me coarta la posibilidad de conseguir otro trabajo y acceder al beneficio de la asignación universal por hijo (AUH) para mis nenas”, explicó, acongojada Gabriela.
La Cabo Primero presentó escritos patrocinada por un abogado en la Jefatura del Servicio Penitenciario en Corrientes capital, pero hasta ahora figura como activa, sin cobrar.
“Viajé varias veces a Corrientes capital para que me escuchen. Horas sentadas en el acceso y nada. Nadie me escucha. Necesito que esto se visibilice, que llegue a la gobernación, dudo que sepan todo lo que he padecido y sigo sufriendo”, dijo Gabriela al concluir la entrevista.
En una carta que escribió, se destacan las siguientes frases:
Al referirse al momento en el que le comunicaron el traslado a Goya, dijo: “Evidentemente no se contempló mi situación personal como mujer-madre lo que hizo que a partir de ese momento comenzase a padecer un estado de angustia, no podía creer lo que me estaban haciendo pasar, no sabía cómo hacer para cumplir con mi trabajo con el que alimentaba mis dos hijas y que me costó tanto conseguir, no sabía qué hacer con mis hijas, al parecer se pretendía que de un día para otro todo nuestro centro de vida debía ser trasladarlo a otra Ciudad desconocida (mis hijas, mi casa, mi vida) dónde tengo mi casa propia donde no pago alquiler, era inexplicable la mezcla de sentimientos que se me cruzaban en ese momento”.
La falta de respuesta institucional
Gabriela afirma en una misiva enviada a NOVA: “Además de todos los señalados la Jefatura del Servicio Penitenciario tenía conocimiento de que un año antes padecí la pérdida de una hermana menor, hecho este del que también debí reponerme emocionalmente, un hecho trágico que me afectó demasiado en mi vida cotidiana, sin embargo y a pesar de ello siempre cumplí no solo con mis obligaciones como funcionaria de la Institución sino también como madre que cría dos hijas sola, entendí que la vida seguía y luché día a día trabajando ya que era yo la responsable de traer un plato de comida y dar una buena educación y crianza a mis hijas”.
“En esos momentos sentí mucha impotencia -continuó- era incapaz de ver la solución, no entendía ni comprendía del por qué tanta maldad hacia mi persona, no existían motivos que justificaran semejante acontecimiento en mi vida, siendo más que nada yo madre soltera; quería ver una salida para poder cumplir con mi trabajo de forma responsable como siempre lo hice pero no hallaba ninguna solución, tampoco recibí apoyo alguno por parte de la Institución”.
El impacto a su salud mental
“Ante este cuadro fáctico es que caía en un estado depresivo llegué a sufrir varios problemas de salud, trastornos postraumático, dolencias, estuve más de 6 meses con tratamientos psicológicos y psiquiátricos con acompañamiento de psicofármacos, lo cual afectó rotundamente mi vida y principalmente la de mis hijas, de igual manera todo ese tiempo intenté por varios medios, recursos, respetando siempre las vías jerárquicas solicitar mi traslado nuevamente a esta Ciudad, recalcando siempre que el motivo eran mis dos hijas menores de edad, pero jamás fui escuchada nunca se dignaron a concederme una audiencia, inclusive he viajado a la Ciudad de Corrientes y me pasé horas y horas sentada en la Jefatura del Servicio Penitenciario a efectos de que se me escuche -por qué las distintas presentaciones no eran respondidas- y que pueda plantear en forma verbal mi situación.
En todo ese tiempo no se consideró jamás mi voluntad y ganas de seguir trabajando en la Institución ni se consideró que con mi trabajo sustentaba mi familia (mis dos hijas y yo) en todo momento recibí un no-trato, fueron indiferentes y a pesar de que en ninguna ocasión me dirigí de mala manera ni en malos términos; siempre me dirigí con respeto y acatando el Reglamento que rige nuestra labor, me sentí totalmente discriminada al no recibir jamás ninguna oportunidad de expresar mis condiciones personales, pasé más de 7 meses luchando para ser oída”.