Lo curioso de todo ello, es que según se pudo saber ya se han presentado dos pedidos de informes, durante la gestión de Ascua, para que se investiguen los negocios oscuros detrás de la zona franca en esa ciudad fronteriza y todos fueron archivados en el Concejo Deliberante. Ahora que el tema volvió a salir a la luz, ya que una nueva presentación judicial podría hacer desaparecer la zona franca en Paso de los Libres; lo que inquieta más aun al actual senador nacional Peteco Vischi y al exgobernador, presidente del partido radical de Corrientes y hoy senador provincial, Ricardo Colombi, ya que perderían su “Zona Franca”

El principal denunciante de la zona franca en Paso de los Libres, ante la Oficina Anticorrupción de Buenos Aires en el 2011, el periodista libreño, Jacinto Alejandro Aguirre, confirmó a NOVA que: “Presentaré notas tanto al Concejo Deliberante como al Municipio de Paso de los Libres, a fin de conocer la posición institucional y política de esta gestión municipal, sobre la zona franca en la ciudad. No descartaré de ser posible y me adelantaré en el tiempo por si tratan de encubrir semejante estafa contra el pueblo que es el principal perjudicado con esto”, sentencio Aguirre. Quién en su momento intentó presentarse como querellante en la causa y se le fue negado ya que durante años el Juzgado Federal a cargo la escondió y cajoneo, para que no saliera a la luz.

Sin embargo, hace unos días –comentó Aguirre- se apersonó en el Juzgado Federal y le pidieron que se constituya en querellante de la causa. “Es un tema que podría caer en un conflicto internacional porque hubo situaciones en esa época que llevaron un Learjet de la empresa London Supply que compró los derechos de la zona franca, donde ni el avión ni las figuras que habían sido trasladadas en la aeronave cumplían con los requisitos para el aterrizaje en suelo libreño en este entonces”, relató.

El tema estuvo censurado en todos los medios cuando era intendente de Paso de los Libres Eduardo “Peteco” Vischi, hace más de 10 años. “Por eso tuve que viajar a Buenos Aires a realizar la denuncia en la oficina anticorrupción que tomo cartas en el asunto. Existe un dictamen en la oficina de 100 fojas incriminando severamente al intendente (Vischi) a todos los que formaron parte de esto. Aunque en su momento Vischi dijo que no tuvo nada que ver, que fue una transacción entre privados”, consignó Aguirre.

Más allá de los intereses mezquinos de Ricardo Colombi, Eduardo “Peteco” Vischi y los radicales que estuvieron involucrados, el principal perjudicado termina siendo el pueblo libreño. Y hasta el momento no hay ningún detenido en la causa.

En Argentina las zonas francas que funcionan son usadas por importadores casi exclusivamente como depósito temporario de mercaderías.

Antecedentes

En ese entonces, tras la llegada de London Supply, Eduardo “Peteco” Vischi, intendente de Paso de los Libres, celebró la transacción. “El proyecto estaba parado desde 2002. Un grupo de empresarios locales lo tenía por licitación desde ese entonces pero no se hacía nada. Hace rato que esperábamos una inversión así. Por Paso de los Libres pasan 250 mil camiones por año. Pero puedo asegurar que fue una venta totalmente privada. Ni el Gobierno municipal o provincial estuvo en el medio. A London Supply los conocimos después de cerrado el trato”, dijo Vischi, quien también afirmó que, a pesar de diversas versiones que hablan de una compra de 5 millones de dólares, “fue todo por una cifra muy baja”.

El grupo económico llamado Paso de los Libres zona franca pagó por las acciones de ese emprendimiento unos 150.000 dólares, una cifra que está siendo investigada, pues cuando se produjo la venta los medios de prensa locales hablaron de que el precio a pagar era de 5 millones de dólares.

Así consta en una investigación judicial que realizo la oficina anticorrupción por denuncias del periodista de Paso de los Libres, Jacinto Alejandro Aguirre. La causa quedo radicada en el Juzgado Federal de Rodolfo Canicoba Corral, que se declaró incompetente y la envió al juzgado local de Gladis Borda. Los investigadores entendieron que la OA entendió que los funcionarios locales aprobaron la operación y los empresarios –compradores y vendedores- debían ser investigados por administración fraudulenta, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.