En una parte de este expediente había sido sobreseído por la Corte Suprema, pero todavía quedaba analizar su responsabilidad por otros hechos conexos. Lo que debe determinar ahora la Sala IV de la Cámara de Casación Penal es si la causa en la que el actual legislador provincial debe ser juzgada en el fuero federal o si, como solicitó la defensa, se debe tramitar en el fuero federal.

Una fuente allegada al caso sostuvo que “la competencia aún no está determinada por lo que el ex gobernador podría ser juzgado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes”.

Es que el Juzgado de Primera Instancia Federal de Paso de los Libres había determinado que el proceso judicial correspondía a la competencia provincial pero el Ministerio Público Fiscal había solicitado la revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones de Corrientes en el que consideraba que la cuestión debía ser analizada en el fuero provincial.

En este tribunal de segunda instancia ratificaron el fallo y el fiscal general Carlos Schaefer presentó una queja ante la Cámara de Casación Penal. A esta Cámara llegó otro expediente relacionado con el caso, que se refería a las responsabilidades de dos escribanas que tramitaron el traspaso de dos inmuebles, uno de éstos ubicados en la calle 9 de Julio y Perú.

Esta casa había sido “donada” a Colombi por Marcelo Laslo, un funcionario del PAMI quien carecía de solvencia económica para adquirir el bien cedido.

El trámite fue certificado por dos escribanas quienes también habían apelado la competencia y reclamaron que la causa sea llevada a un juzgado provincial. Pero la Cámara Federal de Casación Penal ordenó este miércoles 27 de febrero que ambas sean sometidas a juicio oral y público en el fuero federal.

Fue así que la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma del juez Juan Carlos Gemigniani, determinó que las escribanas Gladys Dionisia Báezy y Roxana Edith Cabral sean sometidas a juicio en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, que se había declarado incompetente.

Luego de que el tribunal federal de Corrientes soltara el expediente indicando que era materia de atención para la Justicia provincial, el fiscal Carlos Schaefer apeló la medida, que comprende una investigación iniciada en 2009 por el fallecido empresario de medios Hernán González Moreno ante la supuesta evasión tributaria del ex diputado nacional y gobernador Ricardo Colombi.

Según el fallo emitido en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, se trata de abrir un debate por "la presunta participación que les cupo en las operaciones de escrituración en las que intervinieran en su carácter de escribanas de dos inmuebles cuya adquisición (...) se atribuye a Horacio Ricardo Colombi, ex gobernador de la provincia de Corrientes y diputado nacional al momento de los hechos, falseando datos para que tales bienes no figuraran en el patrimonio del nombrado, disimulando así su incremento".

Las imputadas fueron indagadas, procesadas y elevadas a juicio, en el caso de Cabral, por haber certificado las firmas de las partes en un contrato de seña "indicando como fecha cierta del acto el 31 de noviembre de 2006, fecha inexistente en el calendario", señaló la resolución.

Y, a Báez se "le atribuyó el hecho de haber insertado datos falsos en las escrituras" de la compra venta de dos casas por parte de un empleado del PAMI Corrientes y su esposa, una funcionaria del Tribunal de Cuentas de la Provincia, que luego, con la misma escribana, autorizaron la cesión de derechos y acciones hereditarias de ambos inmuebles a favor de Colombi.

Entre otros fundamentos, el juez Gemignani indicó que "si se toma en cuenta que la causa se formó en el año 2009 y que hasta su elevación a juicio estuvo radicada en un juzgado con competencia federal, la solución más aconsejable, a fin de no dilatar más el trámite de una ya muy demorada causa, es que las presentes actuaciones continúen radicadas en el Tribunal Oral Federal interviniente".