Esto es porque el lugar “no puede alojar personas en condiciones dignas, por el estado de deterioro y destrucción edilicia que presenta”.

Denunciaron también que ese edificio carece de las medidas básicas de seguridad e higiene. “No cuenta con medidas adecuadas de prevención de siniestros, ni planes de prevención o actuación frente a los incendios o contingencias que pudieren presentarse, colocando en grave riesgo a todas las personas detenidas”, dice el escrito al que NOVA tuvo acceso de forma exclusiva.

El informe es una síntesis de las situaciones de violaciones a los derechos humanos que se registraron el 31 de agosto durante una recorrida realizada por el Premio Nobel a la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, junto a Roberto Cipriano García, titular de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, y los integrantes de los organismos de Derechos Humanos de Corrientes.

Las inspecciones fueron realizadas en las Unidades 1º de Corrientes y 6º de San Cayetano y el Instituto General San Martín de San Cayetano, destinado a la reclusión de menores.

El informe detalla, además de la situación de extrema precariedad en la que se encuentran los reclusos, graves fallas cometidas por las fuerzas de seguridad afectadas a diferentes tareas dentro de las penitenciarías y faltas de políticas públicas por parte del gobierno provincial.

Asimismo, los representantes del Comité Provincial de Prevención de la Tortura en Corrientes, manifestaron que “la integración en dicho dispositivo por integrantes del poder ejecutivo y judicial, justamente los poderes a ser controlados, representan una dificultad y limitación en su accionar”, ya que no existe voluntad por parte de ambos poderes de avanzar en materia de prevención de estos vejámenes.

Torturas y violaciones

En lo que refiere al trato que reciben los internos dentro de las unidades penitenciarias, el informe revela la pervivencia de constantes situaciones de violencia extrema impartida por personal del servicio penitenciario.

“En las entrevistas mantenidas con los internos de las dos cárceles inspeccionadas, se registraron variedad de relatos de torturas y malos tratos ejercidas por personal penitenciario. En muchos de estos hechos, se explican cómo represalias ante reclamos formulados por diferentes razones: falta de comida, pedido de traslados a alojamientos cercanos a las familias, pedido de mejor trato a los familiares, por falta de acceso a la atención médica, a la escuela o a una actividad laboral o recreativa”, sintetiza el documento.

Visitas de familiares

Las situaciones de violencia no sólo son padecidas por los internos, sino también por los familiares que los visitan, quienes reciben maltrato verbal, deben esperar muchas horas, entre otras situaciones.

Los internos explicaron a los representantes de Derechos Humanos que, ante la falta de comida, elementos de higiene y otros elementos indispensables para la supervivencia, son los familiares quienes deben proporcionarlos, pero, generalmente, no llegan a ser entregados a quien corresponde.

“Se recibieron gran cantidad de quejas sobre los malos tratos que padecen los familiares al momento de ingresar a visitas. Deben esperar varias horas para ingresar, son maltratados verbalmente por los agentes y tienen problemas recurrentes para el ingreso de comida, los criterios varían de acuerdo a quienes hagan ese día la requisa. Por otro lado algunos elementos permitidos que los familiares traen, son retenidos por los penitenciarios sin explicación alguna. La deficiente organización del ingreso provoca muchos problemas, porque se separan a los niños y discapacitados de los adultos, formándolos en diferentes filas, lo que ocasiona discusiones y malos tratos“.

Condiciones edilicias

Las visitas se realizaron en dos cárceles, la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Corrientes, y la Nº 9 de San Cayetano, donde se detectaron condiciones edilicias sumamente precarias, con escasa ventilación, deterioro extremo de las celdas y otras dependencias, pobre o nula higiene, carencia de salidas y planes de evacuación.

Además, se constató que la Unidad penitenciaria de San Cayetano no cuenta con servicio de agua potable en gran parte del edificio, por lo que la situación de precariedad en la que viven los internos es aún más grave.

“En ambas Unidades penitenciarias, las condiciones de detención no cumplen con ningún estándar respetuoso de los derechos humanos, ni con los mandatos constitucionales y legales que deben respetarse”, concluye el documento, dejando constancia en esta oportunidad que las cárceles correntinas no se ajustan a lo expresado en el artículo 18, que garantiza la sanidad y pulcritud de estas instituciones, destinada a la recuperación y no al castigo de los presos alojados.

No obstante, la falta de políticas por parte del Estado dificulta seriamente el accionar de los organismos de Derechos Humanos e instituciones de control.

En este sentido, el informe elevado por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Corrientes, expresó que “el compromiso personal demostrado por lo integrantes de dicho organismo o de las redes o asociaciones civiles de la provincia, se ven superadas por la magnitud del problema existente y necesitan respuestas estatales claras en la designación de un presupuesto económico necesario para llevar adelante su misión”.